Nueve personas fueron arrestadas en Génova, en el noroeste de Italia, y las autoridades intervinieron tres asociaciones benéficas acusadas de transferir más de 7 millones de euros al grupo terrorista Hamas tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
La operación, realizada por orden judicial a solicitud de la Dirección Antimafia y Antiterrorista, se enmarca en los esfuerzos por combatir la financiación del terrorismo internacional.
Entre los arrestados se encuentra Mohammad Hannoun, identificado como jefe de la rama internacional de Hamas y líder de la célula italiana. Hannoun ocupaba cargos de representación legal o administración en las asociaciones implicadas y, según la investigación, dirigía la recaudación de fondos bajo el pretexto de la ayuda humanitaria, destinando en realidad más del 70% del dinero al grupo islamista o a entidades afiliadas.
También han sido detenidos Rawwa Adel Ibrahim Salameh, representante para el noreste de Italia; Abu Deiah Khalil, fundador y representante legal de la Asociación Benéfica La Cupola d’Oro; y Abdu Saleh Mohammed Ismail, residente en Turquía, acusado de transferir al menos 462.700 euros a Hamas, incluyendo entregas en efectivo.
Las organizaciones bajo investigación son la Asociación Benéfica para la Solidaridad con el Pueblo Palestino, creada en Génova en 1994; la Organización de Voluntarios para Palestina, constituida en 2003; y La Cupola d’Oro, fundada ese mismo año en Milán.
Los fondos, cuya transferencia se remonta al 18 de octubre de 2001 y se incrementó tras los sucesos de octubre de 2023, alcanzaron un total de 7.288.248,15 euros. Las autoridades identificaron mecanismos de triangulación que incluían transferencias bancarias y otros métodos, utilizando asociaciones en el extranjero hasta llegar a entidades en Gaza, los Territorios Palestinos o Israel.
Parte de los fondos tenía como destino el apoyo a familias de terroristas suicidas y a personas detenidas por delitos relacionados con el terrorismo, evidenciando el uso de entidades benéficas como fachada para actividades ilícitas.
A los arrestados se les imputa “conspiración para cometer terrorismo, incluido el terrorismo internacional, y subversión del orden democrático”.
La cooperación con organismos policiales y judiciales de los Países Bajos y otros países de la Unión Europea permitió identificar y desarticular la red de financiación ilícita vinculada al grupo radical.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, destacó la gravedad del caso y la determinación del gobierno ante este tipo de amenazas, señalando que actividades encubiertas bajo la apariencia de ayuda social contribuían al respaldo a organizaciones de carácter terrorista.
Subrayó que las autoridades mantienen la máxima atención frente a peligros disfrazados de asistencia humanitaria, evidenciando la necesidad de vigilancia constante ante formas de financiamiento de organizaciones extremistas.

