El PRO tensiona su relación con Milei, le reclama fondos y lo lleva a la Justicia

Desde 2023, cuando Javier Milei accedió a la presidencia, el PRO le garantizó manos y votos para blindar -con bastante éxito- el Congreso y ambos espacios formaron parte de una alianza electoral que se alzó con el triunfo en octubre, pero la última semana no fue venturosa para las partes.

El oficialismo buscaba la aprobación del Presupuesto en la Cámara de Diputados y, en una maratónica sesión, hubo novedades fuera de libreto.

Como consecuencia, el líder del PRO en el parlamento, Cristian Ritondo, judicializará lo actuado y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volverá a la carga por fondos adeudados por Nación.

El detonante fue un acuerdo -cerrado "entre gallos y medianoche"- entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para la designación de los nuevos auditores generales para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN).

Se trató de una “moción sorpresiva”, que no estaba en el temario y fue presentada a las 3 de la madrugada por el diputado oficialista Gabiel Bornoroni.

Ritondo, contrariado, concurrió a la Justicia para pedir “la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución” pero, mientras tanto, solicitó una medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.

El PRO sostiene que hay una falta de reglamento ya que “la moción se formuló sin especificar el tipo de moción, sin dictamen previo de comisión y sin pedido formal de apartamiento del reglamento”.

Al momento de la votación, el interbloque Fuerza del Cambio y otras bancadas opositoras se retiraron del recinto.

El amparo sostiene que el Congreso carece de facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante sesiones extraordinarias, ya que el temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.

Además, Ritondo argumentó que la Auditoría General es un órgano de control externo cuya integración debe preservar el equilibrio entre mayorías y minorías. Invocó, además, precedentes análogos del año 2015 donde la justicia ya había frenado nombramientos similares en la AGN por violaciones reglamentarias.

Eco porteño

El acuerdo de la AGN fue calificado como una “ruptura de confianza”.

“Cuando la confianza se rompe porque hay traición de los acuerdos asumidos, la confianza sufre. Es un riesgo para todo lo que sucede en el país”, dijo la diputada del PRO Laura Alonso.

Además, la dirigente sostuvo que la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no cederá en el reclamo por los recursos tras el fracaso de las últimas negociaciones con el Ministerio de Economía.

La legisladora ratificó la postura de confrontación judicial y administrativa de la ciudad de Buenos Aires contra el Poder Ejecutivo Nacional por el incumplimiento en el pago de los fondos de coparticipación, denunciando una deuda que asciende a cifras críticas para las arcas porteñas.

“Estamos hablando de una deuda de primero 6.000 millones de dólares y una segunda deuda que se generó este año de 370.000 millones que nosotros no vamos a parar de reclamarle a la Nación”, sentenció Alonso.