Las casi dos décadas que el kirchnerismo se mantuvo en el poder nacional marcaron un período de notable expansión económica para el círculo de mandaderos todo terreno de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Varios de sus secretarios y allegados vieron multiplicar sus fortunas de manera exponencial, haciendo añicos principios de rendición de cuentas y transparencia en la función pública, un saqueo a la credibilidad pública.
Este fenómeno, que transformó a modestos empleados estatales en prominentes empresarios, se consolidó a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003 e inauguró una etapa en la cual, en lugar de cultivar la discreción como norma y la decencia como norte, instaló a la función pública en el decadente peldaño de la corrupción, los negocios espurios y el enriquecimiento ilícito.
Una decena de hombres que formaron la troupe de secretarios de los Kirchner fueron detenidos, procesados, secuestrados y hasta uno de ellos resultó asesinado mientras sus homicidas buscaban un tesoro escondido.
El caso más emblemático es sin dudas el de Daniel Muñoz, fallecido en 2016. En los últimos días el juicio oral por la causa Cuadernos devolvió su figura a la escena pública. Muñoz es sindicado por los propios empresarios como el sujeto a quien le entregaban bolsos y valijas con euros y dólares en el propio domicilio de la expresidenta en Recoleta como pago de un “peaje” por haber accedido a la obra pública.
Muñoz compró propiedades en la Argentina y costosísimos departamentos en Manhattan y Miami. Cuando se reveló la investigación conocida como Panamá Papers, desarmó esas inversiones extranjeras y movió en numerosas operaciones su dinero a las islas Turks and Caicos. Invirtió en un terreno en el que planeaba levantar un complejo turístico.
El patrón de enriquecimiento sin justificación se extendió también a Fabián Gutiérrez, asesinado brutalmente por tres jóvenes en 2020, luego de caer en una cita romántica, cuyo objetivo, según se detalló en el juicio, era robarle un supuesto tesoro que tenía en su poder. Al morir, Gutiérrez tenía dos procesamientos: uno por lavado de dinero y otro en la causa Cuadernos, en la que había declarado como arrepentido. Ambos estaban sindicados de haber recibido parte del dinero proveniente de la asociación ilícita que recaudaba coimas de empresarios de la construcción.
Gutiérrez, cuando el juez Claudio Bonadío lo procesó, dijo que tenía al menos 35 inmuebles en el Sur, una casa en un country de Pilar, unos 35 autos de lujo, tres embarcaciones y hasta un hotel en Tierra del Fuego. En El Calafate, Gutiérrez había construido una mansión de un millón de dólares, una fortaleza inexpugnable, con domos de cámaras que registran todo el predio. Sin embargo, la muerte lo encontró en un chalet sin seguridad.
Su crimen se suma a una cadena de hechos violentos sufridos por hombres cercanos a la familia Kirchner a quienes el repentino incremento de su patrimonio los transformó en tesoros móviles, destinatarios de toda clase de fantasías vernáculas, con distintos grados de asidero, a saber: Roberto Sosa, exsecretario de Néstor Kirchner, fue secuestrado durante unas horas en 2016 por dos hombres con militancia en el Frente para la Victoria que buscaban dinero que presuntamente atesoraba en su domicilio. Pocos días después, tres asaltantes entraron en la casa de los padres de Daniel Álvarez, otro secretario presidencial. También buscaban dinero. En febrero de 2017, Raúl Copetti sufrió un asalto tipo comando en una casa en San Martín de los Andes, Neuquén. En los tres casos, los delincuentes buscaban dinero de los acaudalados secretarios.
Alvarez fue el único que intentó incursionar en política, sin demasiada suerte. Era de los pocos que tras la muerte de Kirchner tenía el ingreso habilitado a la casa de Cristina Kirchner en la calle Mascarello, de Río Gallegos.
Sosa era cercano a Daniel Muñoz y quizás el secretario menos conocido, tuvo a su cargo el cuidado de la casa de los Kirchner en Maipú y 25 de Mayo. en Río Gallegos, hasta que esta fue vendida a Lázaro Báez, fue tambien señalado como el encargado de recibir “los bolsos” que llegaban a Río Gallegos en el Tango 01.
Isidro Bounine también fue de los secretarios presidenciales investigados por enriquecimiento primero y luego detenido en la causa de lavado de dinero vinculada a Muñoz.
En este aciago panorama de los hombres que durante casi tres décadas velaron por los secretos más preciados de los Kirchner, hubo un caso que pasó al olvido: Valerio Martínez, secretario privado de Kirchner desde sus tiempos como gobernador de Santa Cruz, fue obligado a renunciar en 2004 por una denuncia de tráfico de influencias, tras trascender sospechas de que cobraba dinero por audiencias con el Presidente. Esa decisión aplicada a tiempo generó la falsa idea de que no se permitirían actos de corrupción en el entorno. Sin embargo, solo fue una burda pantomima, la prédica de la honestidad, nunca llegó a los hechos.
Estos casos subrayan la necesidad de aplicar rigurosos controles a los funcionarios que tienen a cargo no solo la administración de los bienes públicos, sino también a aquellos cuya cercanía con el poder les abre puertas al enriquecimiento sin justificación, como fue el patrón que distinguió a los secretarios de los Kirchner, dignos personajes de las crónicas policiales.


