Después de cuatro años de su promulgación, esta semana la ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego dejó de regir tras la aprobación de una reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Melella (Forja). Se trataba de la ley provincial N°1355, promulgada en 2021, que prohíbe la cría y producción de tres tipos de salmónidos “con el fin de asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos” de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Desde mediados de este año, el Ejecutivo provincial impulsó esta reforma que consistía en derogar la ley para reemplazarla por un marco general de “acuicultura sustentable”, con principios de “innovación tecnológica, vigilancia sanitaria y desarrollo científico”.

Tanto científicos como organizaciones ambientalistas y representantes de pueblos originarios repudiaron la decisión legislativa y advirtieron que dar avance a esta industria significaría impactos irreparables en los ecosistemas.

El gobierno de Melella había apoyado en 2019 la prohibición de la salmonicultura y en 2021 contribuyó a su sanción. Según Gustavo Lovric, biólogo e investigador principal del Conicet con experiencia en los ecosistemas fueguinos, este año fue cuando el Ejecutivo cambió radicalmente su perspectiva.

Tanto él como otros científicos lo atribuyen a los cambios que la provincia vivió desde mayo pasado. En aquel mes, el gobierno nacional estableció un régimen simplificado de importación para pequeños envíos de mercaderías fabricadas en Tierra del Fuego, que se tradujo en una baja de los aranceles de varios artículos electrónicos, un ingreso que hasta este año era muy relevante para las arcas fueguinas.

Desde que el gobierno provincial presentó su proyecto en la Legislatura, abundaron las denuncias de irregularidades. Una de las más escandalosas desembocó en la renuncia de la presidenta de la comisión a cargo de su tratamiento, Laura Colazo (Partido Verde). Sin embargo, con un voto de diferencia, el lunes 15 de diciembre se aprobó este nuevo proyecto.

¿Qué permite la nueva ley?

La nueva ley habilita y regula “el desarrollo integral de la actividad acuícola en la provincia de Tierra del Fuego, buscando un balance entre el crecimiento económico, la innovación y la protección ambiental”. También le otorga atribuciones a la Subsecretaría de Pesca que antes no tenía, como la regulación de afluentes y de cualquier químico —sean hormonas, antibióticos y demás— que se vierta en cuerpos de agua. También será, en conjunto con la autoridad provincial del agua, capaz de otorgar territorio provincial para la actividad acuícola y concesiones para la extracción de agua a empresas del sector. Además, se le atribuye el control y la vigilancia ambiental de estas actividades.

Desde el gobierno defendieron la ley y aseguraron que toda protección ambiental será aplicada y cumplida. “Es una oportunidad de desarrollo sostenible y trazable. El objetivo claro es ampliar nuestra economía de manera ordenada”, justificó el subsecretario de Pesca y Acuicultura de Tierra del Fuego, Diego Marzioni. Sin embargo, entre la población surgieron críticas y desconfianza desde el primer momento.

Nancy Fernández, presidenta de la Asociación Mane’kenk, que adhiere a No Salmoneras en Tierra del Fuego, advirtió que pedirán la inconstitucionalidad de la ley recién aprobada, en primer lugar, por las atribuciones otorgadas a la Subsecretaría de Pesca. “Tenemos un vicio porque quiebra el principio precautorio de la Ley General del Ambiente; también viola la Ley de Aguas de la provincia, porque divide la autoridad y la potestad en la regulación del agua, y la Ley de Ambiente provincial”, explicó en diálogo con LA NACION. También señaló que judicializarán los “vicios de procedimiento” que ocurrieron durante su tratamiento. Como ella, el legislador Pablo Villegas, autor de la ley original, también consideró que es inconstitucional la reforma y acompañó el pedido a la Justicia.

La salmonicultura es la siembra y cosecha intensiva de salmónidos bajo condiciones controladas para fines comerciales. En este tipo de producción, se engorda a los peces en “jaulas flotantes” ubicadas normalmente en bahías y fiordos a lo largo de las costas, una técnica que se originó en Noruega a finales de la década de 1960. La cría intensiva de salmones en jaulas solo es posible en muy pocos ecosistemas, como los que hay en Tierra del Fuego y el sur chileno. Sin embargo, en ambos países ha generado una presión extrema sobre la biodiversidad.

Lovric destacó que esta actividad tiene como principal consecuencia la introducción de una especie exótica en los ecosistemas fueguinos. “Es una especie que está al final de la cadena trófica”, explicó el biólogo. Y añadió: “En el Atlántico Sur, son dos o tres peces medianos los que serían el alimento del salmón. Esto sería un riesgo para las poblaciones de langostilla, sardina y peces nototénidos”.

Además, los desechos de los salmones, dijo Lovric, pueden provocar la reducción de oxígeno en el agua y la proliferación de algas tóxicas.

La técnica más común dentro de la salmonicultura es el cultivo de salmónidos mediante sistemas cerrados de recirculación (RAS), que implican redes circulares gigantescas en las que crecen y se almacenan los salmones.

En una entrevista radial, el biólogo del Conicet Guillermo Folguera explicó que en países donde la producción es masiva, como Chile, se han generado estragos ecológicos. “Chile es el ejemplo del desastre que se usa internacionalmente”, explicó a la periodista María O’Donnell hace dos días. “Significa la habilitación para producir salmones para la exportación y quitar el límite que había, que era de 50.000 toneladas, y la entrada de capitales, especialmente noruegos y chilenos. Pensamos que es el inicio de la producción de salmones en el resto de la Patagonia”, añadió.