Abogados presentan petición ante la Corte Suprema para impugnar el juicio político contra la vicepresidenta Duterte

Profesionales del derecho que apoyan a la Vicepresidenta Sara Duterte-Carpio solicitaron el viernes a la Corte Suprema que intervenga en el intento de destituirla mediante juicio político, mientras la Cámara sostiene que el proceso cumple con los requisitos constitucionales y fallos anteriores.

En una petición presentada ante el alto tribunal, los abogados liderados por Israelito P. Torreon buscaron detener el proceso de juicio político en curso, argumentando que el Comité de Justicia de la Cámara cometió un grave abuso de discreción al permitir que múltiples quejas contra la Sra. Duterte prosiguieran a pesar de presuntos defectos. Los peticionarios también solicitaron la emisión de una orden de restricción temporal, afirmando que la medida estaba destinada a garantizar que se observen los límites constitucionales en el proceso de juicio político.

"El vicio central que cuestionamos es simple pero grave: el Comité de Justicia de la Cámara abandonó la estricta disciplina de umbral requerida por la Constitución y por las Reglas de la Cámara sobre Juicio Político", dijo el Sr. Torreon durante una conferencia de prensa realizada por teleconferencia.

"Permitió que las denuncias de juicio político tercera y cuarta sobrevivieran a pesar de defectos en forma y sustancia, y luego intentó subsanar esos defectos mediante un proceso probatorio impulsado por citaciones", añadió.

El 25 de marzo, el comité autorizó citaciones para testigos y documentos vinculados a las denuncias de juicio político contra la Sra. Duterte, cubriendo sus declaraciones de activos, pasivos y saldo de activos netos, sus declaraciones fiscales relacionadas, estados financieros e informes de auditoría, así como declaraciones juradas de apoyo, entre otros. Esto ocurre mientras el comité avanza con las denuncias de juicio político contra la Sra. Duterte, alegando mal uso de fondos confidenciales, amenazas contra altos funcionarios y otros actos que constituyen traición a la confianza pública e infracciones constitucionales, todo lo cual la Sra. Duterte ha negado consistentemente. Al menos 106 legisladores deben respaldar las denuncias para que el caso proceda a un juicio en el Senado.

El Defensor del Pueblo Jesus Crispin C. Remulla dijo el jueves que su oficina está lista para proporcionar al Congreso todos los SALNs disponibles de la Sra. Duterte, citando la legalidad del proceso.

El Sr. Torreon dijo que las citaciones convirtieron los procedimientos en una "expedición de pesca", señalando que los materiales solicitados no estaban incluidos originalmente en las denuncias y que tal movimiento es ilegal.

"No se cita primero y se teoriza después", dijo el Sr. Torreon, añadiendo que la Constitución requiere que las denuncias de juicio político ya contengan una base fáctica suficiente antes de que comience cualquier proceso probatorio.

También planteó preocupaciones sobre el debido proceso, diciendo que el demandado tiene derecho a responder a una denuncia fija y no a una que evoluciona mediante la recopilación posterior de pruebas. Según él, permitir que las denuncias procedan y luego expandirlas mediante citaciones socava la equidad y las salvaguardas constitucionales.

Los peticionarios aclararon que presentaron el caso como "ciudadanos y contribuyentes" en lugar de como parte del equipo oficial de defensa de la Vicepresidenta.

La petición alegó además que el comité aplicó un "doble estándar" en el manejo de las denuncias de juicio político, citando cómo denuncias previas contra Ferdinand R. Marcos Jr. fueron desestimadas por falta de pruebas, mientras que las presentadas contra la Sra. Duterte se permitió que procedieran a pesar de lo que describieron como deficiencias similares.

Por su parte, el liderazgo de la Cámara rechazó las alegaciones, insistiendo en que los procedimientos de juicio político se están llevando a cabo de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

En una declaración el viernes, Joel R. Chua, presidente del Comité de Buen Gobierno y Responsabilidad Pública, dijo que los supuestos problemas constitucionales planteados por los abogados de la Sra. Duterte son "meras alucinaciones". Añadió que la Cámara adoptó deliberadamente un método diseñado para evitar los obstáculos legales encontrados en intentos anteriores de juicio político.

"Seguimos las pautas de debido proceso que la Corte Suprema estableció meticulosamente en sus dos decisiones sobre los Artículos anteriores", dijo el Sr. Chua. — Erika Mae P. Sinaking