Más de 2.500 comentarios inundan el tribunal mientras Michigan lucha por prohibir a los agentes de ICE enmascarados

El Tribunal Supremo de Míchigan adoptó el miércoles una norma para prohibir las detenciones civiles, incluidas las órdenes civiles de inmigración utilizadas habitualmente por el ICE, que son órdenes administrativas, no judiciales.

Específicamente, la nueva norma, que entrará en vigor el 1 de mayo, establece que "las partes, los abogados y los testigos citados no están sujetos a detención civil mientras se dirigen, asisten y regresan de los lugares a los que están obligados a acudir."

La norma define esto como aplicable en cualquier lugar en el que una persona esté legalmente obligada a comparecer para procedimientos judiciales o funciones relacionadas, así como durante "el desplazamiento razonable y directo necesario" para llegar y regresar de dichos procedimientos.

La norma, propuesta por primera vez a finales de noviembre, generó una atención pública considerable, con más de 2.500 comentarios publicados en el sitio web del tribunal en el transcurso de poco más de un mes. Entre esos comentarios se incluía el apoyo de la fiscal general Dana Nessel, así como el de varios legisladores estatales y organizaciones como el Comité Ejecutivo del Colegio de Abogados del Estado de Míchigan.

"La existencia de las políticas previas del ICE y su cumplimiento de las mismas demuestra que el ICE puede llevar a cabo sus operaciones sin realizar detenciones civiles en un tribunal. Y no hay nada en la enmienda propuesta que sugiera lo contrario", escribió Nessel. "En definitiva, el impacto de la enmienda propuesta en las operaciones del ICE será mínimo, y cualquier impacto queda ampliamente compensado por la necesidad de proteger y preservar el derecho fundamental de la ciudadanía a la participación y la rendición de cuentas en la justa administración de justicia."

Esta norma alinea ahora en gran medida a Míchigan con otros estados que han adoptado políticas para limitar las acciones del ICE en los tribunales, incluidos Nueva York, Connecticut e Illinois.

El juez Noah Hood añadió una opinión concurrente en la resolución que emite la norma, en la que afirmó que su propósito era "enfatizar que esta enmienda se encuadra plenamente dentro de la función reglamentaria de este Tribunal y no la excede."

Señaló que la norma "tiene como función mantener el orden en los juzgados y salas de tribunal para que los litigantes, los testigos y los miembros del público puedan realizar sus gestiones sin interferencias innecesarias, incluso cuando se encuentren de camino hacia o desde los mismos", y que no impide a los poderes ejecutivos federales o estatales, ni a la Legislatura estatal, ejecutar o promulgar leyes relacionadas con las detenciones civiles o la aplicación de la ley de inmigración.

El juez Brian K. Zahra, el único republicano del tribunal, redactó una opinión disidente en oposición a la nueva norma, calificándola de "en el mejor de los casos, una declaración política presentada como una solución en busca de un problema." Zahra, quien también declaró cuando la norma fue propuesta por primera vez que habría rechazado publicar la propuesta para recibir comentarios, escribió que la cuestión de la detención de inmigrantes en los tribunales no era un problema en Míchigan.

También expresó su preocupación por la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que a menudo se cita como razón por la que los estados y jurisdicciones locales tienen una capacidad limitada para restringir las acciones del ICE, incluido el desarrollo de centros de detención.

"Los tribunales estatales no tienen autoridad para anular una detención federal", escribió Zahra. "La enmienda propuesta ofrece únicamente una falsa garantía de que las partes, los abogados, los testigos citados y los agentes que se dirigen, asisten y regresan del tribunal no pueden ser detenidos por el gobierno federal. Además, desde un punto de vista práctico, la perspectiva de que una detención sea 'anulada' por un tribunal estatal ofrece un falso consuelo a alguien que se encuentra bajo custodia federal."

La adopción de la norma se produce cuando un conjunto de proyectos de ley para limitar las acciones del ICE en múltiples jurisdicciones —incluidos los tribunales— ha avanzado al pleno del Senado. Los proyectos de ley también limitarían el uso de máscaras por parte de los agentes federales del orden. Si bien es probable que sean aprobados por la cámara alta controlada por los demócratas, el presidente de la Cámara de Representantes de Míchigan, Matt Hall (R-Richland Township), se ha negado a tramitar legislación similar en la Cámara liderada por el Partido Republicano.